Las Fundaciones como sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales

Las Fundaciones como sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales

Según el artículo 2 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.

Sin duda, crear, tener o formar parte activa en una fundación mejora la imagen pública del fundador y de todas las personas que colaboran en su mantenimiento y control, con el fin de que se pueda cumplir con el objeto fundacional.

En líneas generales, las fundaciones disfrutan de la confianza de la gente de la calle, pero debido a que no disponen de grandes niveles de supervisión, lo cierto es, que los “fines sociales” de algunas de ellas, se han ido desvirtuando con los años consecuencia de abundantes actos de corrupción.

La normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante PBC-FT) española intentó frenar esa falta de supervisión e incorporó a las fundaciones y asociaciones como sujetos obligados a esa normativa dentro del marco de un régimen especial.

¿Por qué un régimen especial?

Básicamente debido al control que ya existe de las fundaciones en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el caso de las asociaciones en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

De esta manera, al ser sujetos obligados en un régimen especial, no deben establecer la totalidad de las medidas de control interno en PBC/FT previstas por la normativa, eximiéndolos de ciertas obligaciones en comparación de los sujetos obligados que están incluidos en el régimen general.

Las dos columnas de la legislación española en materia de PBC-FT, las encontramos en la Ley y su Reglamento.

Ley 10/2010, de 28 de abril (artículo 39)

Con referencia a la Ley 10/2010, el Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestión de las fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.

Deberán cumplir los siguientes puntos:

a) Identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la fundación (incluido el titular real en el caso de las personas jurídicas).

b) Conservar durante 10 años los registros de la identificación de las personas contenidas en el apartado anterior.

c) Estos registros estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, así como de los órganos administrativos o judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o del terrorismo

Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (artículo 42)

Un reglamento tardío, que se hizo esperar, incorporó las siguientes novedades para las fundaciones:

Con respecto a la identificación

  1. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las personas que reciban a título gratuito fondos o recursos.

Cuando la naturaleza del proyecto o actividad haga inviable la identificación individualizada o cuando la actividad realizada conlleve un escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, se procederá a la identificación del colectivo de beneficiarios y de las contrapartes o colaboradores en dicho proyecto o actividad.

  1. Las fundaciones y asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las personas que aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros.

Con respecto a las medidas a llevar a cabo

Sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y de las obligaciones que les resulten aplicables de acuerdo con su normativa específica, las fundaciones y asociaciones aplicarán las siguientes medidas:

a) Implementar procedimientos para garantizar la idoneidad de los miembros de los órganos de gobierno y de otros puestos de responsabilidad de la entidad.

b) Aplicar procedimientos para asegurar el conocimiento de sus contrapartes, incluyendo su adecuada trayectoria profesional y la honorabilidad de las personas responsables de su gestión.

c) Aplicar sistemas adecuados, en función del riesgo, de control de la efectiva ejecución de sus actividades y de la aplicación de los fondos conforme a lo previsto.

d) Conservar durante un plazo de diez años los documentos o registros que acrediten la aplicación de los fondos en los diferentes proyectos.

e) Informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de los hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

f) Colaborar con la Comisión y con sus órganos de apoyo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Sugerencia útil:

En aras a devolver la credibilidad de los “fines fundacionales” de millones de fundaciones que se esfuerzan, en su día a día, por cumplir con ellos, para:

  • aquellas fundaciones con actividades económicas alejadas del objeto fundacional.
  • aquellas fundaciones cuyos fundadores, protectores, socios, colaboradores, voluntarios, donante y/o beneficiarios etc. forman parte de las personas políticamente expuestas o sean uno de sus familiares directos.

Se podría legislar lo que ya prevé el último párrafo del articulo 39 de la Ley 10/2010.

“Atendiendo a los riesgos a que se encuentre expuesto el sector, podrán extenderse reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones las restantes obligaciones establecidas en la presente Ley”.

De esta manera se podrá decir que una fundación es trasparente. Es decir, sincera, responsable y que asume las consecuencias de sus acciones, sin mentir ni esconder cosas.

Juan Ramón Gómez Enfedaque de la Firma Morera Asesores & Auditores

Experto en PBC-FT

 

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