La Responsabilidad Penal de los Sujetos Obligados

La Responsabilidad Penal de los Sujetos Obligados

Pena para sujetos obligados que cometan conductas encaminadas a blanquear capitales en el ejercicio de su actividad profesional

En una discreta normativa, la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se introduce un aspecto muy relevante en la imposición de penas por blanqueo de capitales:

“Las que cometen los sujetos obligados en el ejercicio de una actividad profesional”

De esta manera, dentro de su artículo segundo, se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, el contenido de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018 (en adelante la Directiva), relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho Penal.

Como ya conocen nuestros lectores, dentro del Código Penal, el delito de blanqueo de capitales, se encuentra regulado en sus artículos 301 al 304 y comprende todas aquellas actuaciones, que tienen como finalidad la incorporación al tráfico económico legal de bienes, cuando éstas proceden de conductas constitutivas de un delito.

Es por eso, que la transposición de la Directiva al ordenamiento interno español, ha requerido una mínima intervención normativa, debido a que los principales elementos contenido en la norma europea ya están recogidos dentro de nuestra normativa penal.

De esta manera, la Directiva dentro de los agravantes de carácter obligatorio para los Estados miembros, introduce una norma agravante explícita no recogida hasta ahora en el Código Penal, en referencia a la especial condición del sujeto activo del delito, como «sujeto obligado».

La denominación «sujeto obligado» enmarca a un grupo representativo de personas físicas y jurídicas fijado por la normativa europea en materia de blanqueo y que en España se encuentran reguladas dentro del artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

También, la mencionada Directiva se centra en aquellos bienes objeto del blanqueo cuando procedan de determinados delitos, entre los que se encuentran además de los ya contemplados en nuestro Código Penal (por ejemplo, cuando los bienes tienen su origen en determinados delitos como el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o aquellos especialmente relacionados con la corrupción), los delitos de trata de seres humanos, delitos contra los ciudadanos extranjeros, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, así como aquellos delitos vinculados a la corrupción en los negocios.

Como podemos observar, tal y como dice el dicho: “en el bote pequeño está la buena confitura”, también esta normativa de poco articulado, contiene dos agravantes normativos imprescindibles que, poco a poco, van dejando sin fisuras el hacer del Blanqueo de Capitales una forma de vida.

Juan Ramón Gómez Enfedaque de la Firma Morera Asesores & Auditores

Experto en PBC-FT

Inblac

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